La Policía Nacional del Perú (PNP) ha admitido que una parte de la base de datos de su Dirección de Inteligencia (Dirin) fue hackeada y que una parte de esta, compuesta por planes para la seguridad de los presidentes del país, datos de sus agentes y una operación de espionaje contra periodistas, políticos y jueces, según medios locales, fue publicada en redes sociales, afirmando que el caso estaba siendo investigado.
Después de que políticos y medios de comunicación iniciaran rumores de que algún grupo haría pública la divulgación, la PNP dijo en un comunicado que la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia informó el jueves “de una posible brecha” en los servidores de ese departamento y que “posteriormente fue advertida a través de publicaciones en la aplicación de mensajería instantánea Telegram.”
Se activó el plan de contingencia adecuado, lo que llevó a la suspensión de la prestación de servicios, así como a la adopción de diferentes medidas de seguridad, agregó la agencia, señalando que la Dirección de Ciberdelincuencia “inició investigaciones, análisis periciales y todos los actos necesarios para procesar este ciberdelito e identificar y arrestar a los posibles autores.”
Acceso a Datos Sensibles
Poco antes de que se emitiera este comunicado, el congresista conservador Diego Bazán advirtió en su cuenta en la red social X que la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la PNP había sido infiltrada, “a pesar de las medidas de seguridad recientemente anunciadas” por funcionarios del gobierno.
“Incluso las listas de registros de agentes de inteligencia encubiertos de la PNP y sus investigaciones en ese momento podrían ahora matar a esos agentes,” enfatizó.
En una publicación en Twitter, Bazán instó al Ministerio del Interior a negar esta información y cuestionó: “Si esto se está haciendo con nuestra inteligencia, ¿cómo defienden a nuestros ciudadanos?”
Tras la confirmación del segundo caso, el diputado conservador Alejandro Muñante dijo a los periodistas que “el Congreso debería llamar al ministro del Interior (Carlos) Malaver para averiguar cómo sucedió esto y cómo ha sido…”.
Pero en una conferencia de prensa posterior, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, indicó que el hacker no había accedido a las bases de datos y que la institución opina que fue una fuga de datos desde dentro por un usuario con acceso, pero no descartan que algún miembro haya recopilado la información.
La Información Filtrada
El equipo de periodistas, bajo un programa llamado ‘La encerrona’, publicado a través de la plataforma digital de Sifuentes, reveló cómo la información publicada en redes sociales sacó a la luz lo que se había hecho para proteger a la presidenta Dina Boluarte, y a los ex jefes de estado Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
También publicó la información personal de cientos de agentes de inteligencia, informes sobre los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, y la vigilancia realizada sobre periodistas, incluido Sifuentes, así como sobre políticos y jueces que han investigado casos clave en el país, como el de la constructora brasileña Odebrecht.
La exposición de esta fuga de datos se produjo un día después de que el pleno del Congreso aprobara llamar al Ministro del Interior, Carlos Malaver, para dar explicaciones sobre la inactividad frente a la inseguridad ciudadana, tras ataques del crimen organizado en diferentes áreas del territorio nacional.
Nuevo Escándalo, Mismos Problemas
Malaver, quien se convierte en el octavo Ministro del Interior en el actual gobierno de Boluarte, asumió su cargo el pasado mayo, dos meses después de la moción de censura contra Juan José Santiváñez como jefe de esa cartera por su supuesta incapacidad para liderarla.
Pero Santiváñez fue promovido a ese cargo en agosto del año pasado, a pesar de enfrentar numerosas acusaciones de corrupción y acusaciones de irregularidades que lo conectaban con uno de los hermanos de la presidenta, Nicanor Boluarte.
El gobierno ha declarado el estado de emergencia en algunas provincias del país, especialmente en el norte de Perú, para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno, pero no hay orden, el crimen persiste y se concentra en las áreas de influencia de la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, entre otras cosas ilegales.
