El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) dio a conocer su propuesta “Defensa Nacional para el Siglo XXI: Ejes Programáticos Institucionales 2026-2030”, un documento que busca redefinir de manera integral la política de defensa y el rol de las Fuerzas Armadas en Chile.
El plan contempla un horizonte de doce años y propone avanzar hacia una política de defensa moderna, alineada con la inserción internacional del país y orientada a la creación de una Zona de Paz Sudamericana. Entre sus ejes destaca la consolidación del mando civil sobre las FF.AA., la voluntariedad del servicio militar, la creación de un Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, y la instauración de un Ombudsperson para las Fuerzas Armadas.
Asimismo, plantea modernizaciones en la estructura del Ministerio de Defensa, cambios en la formación militar con énfasis en derechos humanos y equidad de género, mayor transparencia en el gasto castrense, y el retiro de las FF.AA. de tareas no militares al interior del país.
La propuesta deberá ser considerada por la próxima administración y, según GADFA, su implementación dependerá principalmente de la voluntad política del Ejecutivo.
Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)
DEFENSA NACIONAL PARA EL SIGLO XXI
Propuesta de Ejes Programáticos Institucionales 2026-2030
Las siguientes propuestas sobre Defensa y Fuerzas Armadas consideran un conjunto de políticas públicas a ser diseñadas e implementadas gradualmente desde el inicio del próximo período de gobierno de cuatro años, en un escenario de planificación estratégica de doce años.
OBJETIVOS
Los objetivos de la Defensa Nacional y las FF.AA. deberán:
1) Orientarse a partir de una política de defensa moderna, consistente con una visión de largo plazo sobre la inserción global del país, y regirse por los principios de legítima defensa. Asimismo, orientarse a la cooperación para la consolidación de la paz regional y global, generando las condiciones para la creación de una Zona de Paz Sudamericana. La relación con los países vecinos deberá fijarse y materializarse en este marco de política.
2) Implementarse dentro de un nuevo tipo de relación institucional entre Cancillería y el Ministerio de Defensa de manera de insertar la política de defensa en los lineamientos de la política exterior, a la vez que esta última considere los primeros.
3) Reconfigurarse para la formación de una fuerza militar conjunta, reinsertando sus componentes al interior del Estado democrático como servicio público, estableciendo el mando civil efectivo sobre ellas, eliminando sus componentes de autonomía corporativa y organizándola de modo financieramente sustentable.
TAREAS PROGRAMÁTICAS
Para cumplir los objetivos propuestos, proponemos diseñar el siguiente conjunto de políticas a cargo de la próxima administración, cuya implementación dependerá fundamentalmente de la voluntad política del Ejecutivo.
1. Nueva política de Defensa Nacional
Preparar y presentar al Congreso Nacional para su aprobación una nueva “Política de Defensa Nacional”, a partir de la existente, en la que se incluyan mecanismos de participación de la sociedad civil en sus definiciones y estableciendo por ley la composición del respectivo Consejo de la Sociedad Civil (Ley 20.500) en el Ministerio de Defensa y sus servicios dependientes de manera de establecer una relación institucionalizada y reglada de las instituciones de la FF.AA. con la sociedad.
De igual forma, se deberá establecer la voluntariedad del servicio militar, así como instituir el servicio civil para quienes deseen cooperar en la gestión del Estado.2
En el marco de esta política se deberá evaluar la administración del gasto militar, el redimensionamiento de las dotaciones y la renovación de los sistemas de armas de acuerdo.a la evolución de la Planificación Político Estratégica. Esta deberá considerar la evolución del escenario vecinal, regional e internacional, así como las capacidades necesarias de la defensa y los reales equilibrios estratégicos resultantes, dentro del marco presupuestario disponible. Ello requerirá reevaluar los fondos de Capacidades Estratégicas y de Contingencia.
2. Rediseño institucional
Es preciso abordar un conjunto de modernizaciones institucionales.
a. Nueva orgánica del Ministerio de Defensa
Como parte de la reforma de la gestión de la defensa se precisa modificar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa (Ley 20.424 y LOC 18.948) a partir del análisis crítico de los avances y limitaciones experimentados en su aplicación de manera de permitir la conducción civil efectiva de las FF.AA., ampliando su planta y creando una carrera funcionaria civil con personal seleccionado por la Alta Dirección Pública.
Igualmente, será necesario modificar la estructura y atribuciones de subsecretarías del Ministerio de Defensa de acuerdo a las nuevas normas, como la Ley 21.174 de
Financiamiento de Capacidades Estratégicas enviando el proyecto respectivo para su discusión en el Congreso.
b. Estado Mayor Conjunto (EMCO)
Envío al Congreso del proyecto de ley que establezca el mando permanente, en tiempos de paz, crisis y estado de guerra, de un Jefe del Estado Mayor Conjunto con cuatro estrellas, de manera de avanzar en la creación de la fuerza militar conjunta.
Como parte del desarrollo conjunto de la fuerza se deberá enviar al Congreso el proyecto de ley que cree la Escuela de Alto Mando Conjunto dependiente del EMCO, asignando las apropiadas tareas docentes que actualmente desempeña la ANEPE.
c. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)
Redefinir el rol de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), y su dependencia administrativa asignando la parte docente al EMCO y los temas estratégicos a la Subsecretaría de Defensa, reenfocando sus roles exclusivamente hacia la defensa nacional y traspasando los temas de orden público al Ministerio de Seguridad Pública, redefiniendo consecuentemente su planta funcionaria.
d. Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional
Consistentemente con estas reformas y en reemplazo del Consejo de Seguridad Nacional, se deberá enviar al Congreso el proyecto de ley que cree un Consejo de Política Exterior y Defensa Nacional, asesor del Presidente de la República.
Este Consejo deberá estructurarse como un sistema integrado de política exterior y defensa nacional para asesorar al Presidente/a respecto de la acción internacional del país, integrando las visiones e iniciativas generadas tanto a nivel del gobierno central como de las regiones, universidades y organizaciones sociales, de manera de darle a estas políticas su condición de política de Estado.
El soporte técnico de este Consejo deberá ser permanente y de alto nivel, apoyando de forma independiente al Ejecutivo y que incluya, entre otras, materias de ciencia y tecnología castrense y ciber defensa.
e. Servicios de bienestar
Diseñar e iniciar la reforma de los servicios de bienestar de las FF.AA., en especial su patrimonio de afectación fiscal, y evaluar el traspaso de las actuales propiedades militares al Ministerio de Bienes Nacionales.
3. Zona de Paz Sudamericana
Con el propósito de impulsar la creación de una Zona de Paz Sudamericana a través de instituciones regionales cooperativas, en consonancia con nuestra política exterior y las tareas internacionales de las FF.AA., se deberán:
a. Sistematizar las iniciativas sudamericanas en materia de medidas de confianza mutua;
b. Avanzar en transparencia en el gasto militar;
c. Avanzar en mecanismos de control de compra de armas y desarme; y
d. Fortalecer la presencia civil en las bases antárticas y vigorizar el Instituto Antártico.
e. Impulsar la cooperación naval con Australia, Francia y Nueva Zelanda en la neutralidad y protección del Pacífico Sur.
Todo lo anterior en la perspectiva de organizar una propuesta regional de cooperación para la paz.
4. Política militar
Modernizar la carrera militar, aumentando los años de servicio, incorporando personal civil en tareas administrativas e iniciando una evaluación del sistema previsional.
Retirar a las FF.AA. de sus misiones no militares desempeñadas en el interior del país, permitiendo que se concentren en sus labores profesionales.
5. Políticas en derechos humanos y educación
a. Ombudsperson para las FF.AA.
Crear la institución del Ombudsperson para las FF.AA., oficina autónoma e independiente del gobierno y de las FF.AA., con autoridad para acceder a los procesos en materia de reclamos sobre malos tratos; denuncias de corrupción; condiciones de trabajo y previsión; quejas de familiares y de comunidades; recomendación de políticas y de proyectos de ley sobre sus temas; respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; y mediación.
b. Formación en derechos humanos
Evaluar y rediseñar los programas educativos de las escuelas matrices deberán incorporar una cultura de derechos humanos y tener la aprobación del Ministerio de Educación en cuanto instituciones educacionales del Estado.
c. Integración social
Diagnosticar y corregir prácticas y procedimientos discriminatorios generando mecanismos para la plena incorporación de la mujer y minorías, garantizando un acceso igualitario a las instituciones educacionales de la fuerza militar a través de gratuidad de sus escuelas matrices.
De acuerdo a la Resolución de Naciones Unidas (Resolución 1325/CSONU/2000) se deberá aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.
6. Justicia Militar
Completar la reforma de la Justicia Militar a partir del proyecto pendiente en el Ministerio de Defensa.
Santiago de Chile, septiembre de 2025.
