Nuevos reportes regionales confirman que América Latina se ha convertido en uno de los escenarios más activos de ransomware del mundo, con más de 1,1 millones de intentos de ataque en el último año —equivalentes a dos incidentes por minuto— y cerca de 300 víctimas de alto perfil cuyos datos fueron filtrados en 2024, tendencia que impacta de lleno a gobiernos, fuerzas armadas e infraestructuras críticas.
Los estudios destacan que el ransomware representa alrededor del 38 % de los incidentes de ciberseguridad, impulsado por el modelo de Ransomware-as-a-Service, que permite a actores con escaso conocimiento técnico lanzar ataques sofisticados a bajo costo. Sectores como telecomunicaciones, energía, banca, salud y servicios públicos figuran entre los más afectados, pero el patrón emergente apunta a una creciente presión sobre operadores de infraestructura crítica y entidades estatales, incluyendo ministerios de defensa y fuerzas de seguridad.
Chile no está al margen de esta dinámica. Además del aumento de fraudes, phishing y ransomware registrado en informes recientes, el propio Ministerio de Defensa ha impulsado ejercicios que simulan ciberataques contra sistemas sanitarios y de agua potable, en coordinación con el Ejército, la Universidad Católica y empresas de servicios básicos, poniendo a prueba la capacidad de reacción ante una interrupción masiva de servicios esenciales.
Las implicancias para el país son claras: la frontera entre ciberseguridad civil y militar se difumina cuando lo que está en juego es el suministro eléctrico, el agua, las redes de transporte o las comunicaciones. Las FF.AA. deben prepararse para apoyar la defensa de estas infraestructuras, sin sustituir a los organismos civiles especializados, y al mismo tiempo endurecer sus propios sistemas de mando y control, logística y recursos humanos frente a intrusiones, cifrado malicioso y exfiltración de datos, como muestra el caso colombiano.
A corto plazo, la región probablemente verá un aumento de ejercicios conjuntos de ciberdefensa, la creación de comandos cibernéticos más robustos y una demanda creciente de soluciones de la industria de defensa —desde SOC avanzados hasta sistemas antidrone y plataformas de monitoreo— integradas con capacidades civiles. Para Chile, el desafío es pasar de respuestas puntuales a una estrategia nacional donde Defensa, Interior, Energía, Salud y privados compartan información, estándares y entrenamiento, asumiendo que el “campo de batalla digital” ya está instalado y que la resiliencia es tan estratégica como cualquier sistema de armas.
