El gobierno de EE.UU. confirmó ataques contra un muelle utilizado por supuestas lanchas de narcotráfico en Venezuela y contra un buque en el Pacífico oriental, en el marco de una campaña militar contra el crimen organizado transnacional. Las acciones se producen mientras la nueva Estrategia de Seguridad Nacional eleva a prioridad estratégica el control de flujos ilícitos y recursos críticos en el hemisferio occidental.
Según los reportes, el ataque en territorio venezolano tuvo como objetivo instalaciones portuarias usadas para cargar embarcaciones vinculadas al narcotráfico, mientras que una operación separada en el Pacífico oriental destruyó un buque presuntamente dedicado al transporte de drogas hacia Norteamérica. La Casa Blanca enmarca estas acciones en una campaña ampliada contra organizaciones criminales que, a su juicio, funcionan como proxies de regímenes adversarios y socavan la seguridad interna de EE.UU.
El giro doctrinario está recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, que rebautiza la lógica hemisférica como “Donroe Doctrine”, combinando el viejo principio de la Doctrina Monroe con una agenda centrada en minerales críticos, control migratorio y combate a carteles. El resultado es una visión de América Latina como espacio de competencia estratégica total, donde los flujos ilícitos, las cadenas de suministro de litio, cobre y tierras raras, y la presencia de China y Rusia se entrelazan en una misma matriz de riesgo.
Para Chile, este enfoque tiene implicancias directas. Por un lado, la intensificación de operaciones militares estadounidenses contra blancos en la región —aunque vinculados al narcotráfico— eleva el riesgo de incidentes y tensiones diplomáticas que pueden afectar foros regionales donde Chile participa activamente. Por otro, la centralidad de los minerales críticos en la NSS sitúa a la minería chilena en el centro de una competencia geopolítica que trasciende lo comercial, con potencial para traducirse en presiones regulatorias, condicionamientos en cadenas de valor y demandas de alineamiento político.
La proyección del poder militar estadounidense sobre objetivos en América Latina refuerza la necesidad de que Chile consolide su propia visión de seguridad regional, manteniendo un equilibrio entre cooperación en materia de crimen organizado y defensa de su autonomía estratégica. En el ámbito económico-estratégico, el énfasis de Washington en minerales críticos abre ventanas para cooperación tecnológica y de defensa en ámbitos como trazabilidad, ciberseguridad industrial y protección de infraestructuras mineras, pero también exige una diplomacia fina frente a China, principal comprador de cobre y litio chilenos.
En el corto plazo, es probable que veamos una combinación de acciones militares puntuales y un mayor uso de sanciones y herramientas financieras contra redes vinculadas al narcotráfico y al comercio ilícito de recursos. El escenario de riesgo incluye errores de inteligencia, daños colaterales o respuestas asimétricas de actores estatales y no estatales. Para Chile, el desafío será mantener una política de defensa y seguridad que combine cooperación selectiva con EE.UU. en materia de crimen organizado y protección de cadenas críticas, sin quedar atrapado en lógicas de bloque que limiten su margen de maniobra con otros socios clave.
