El Ministerio del Interior prorrogó por 30 días el estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco. El decreto renueva y designa a los jefes de la Defensa Nacional para esas zonas, manteniendo el esquema de apoyo militar a la seguridad pública. La relevancia estratégica radica en la persistencia del régimen excepcional como instrumento de control territorial y coordinación FFAA–policías.
El decreto extiende la vigencia del estado de excepción declarado originalmente en 2022, argumentando que, pese a una reducción de eventos violentos, continúan “graves hechos de violencia y desórdenes” que afectan el orden público, lo que obliga a mantener la colaboración militar con fuerzas policiales. A nivel político-institucional, el texto integra el marco de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, reforzando la separación entre conducción política de seguridad pública y dependencia administrativa de las FFAA del Ministerio de Defensa.
En la dimensión de mando, el decreto renueva/designa explícitamente a los jefes de la Defensa Nacional para Biobío–Arauco y La Araucanía durante todo el periodo de prórroga. La explicitación importa porque fija responsabilidades de mando operacional y coordinación en un entorno donde el escrutinio político y judicial suele intensificarse cuando hay uso de la fuerza, controles de ruta o incidentes con civiles.
El patrón que consolida es estructural, toda vez que la excepcionalidad se convierte en un mecanismo de gobernanza recurrente para el control de áreas críticas. En la práctica, eso desplaza parte del “centro de gravedad” desde políticas de seguridad ordinarias hacia una administración prolongada de excepción, donde la eficacia depende tanto de inteligencia táctica y logística como de reglas claras de coordinación y rendición de cuentas.
