Nuevos reportajes sobre la Amazonía colombiana describen la región como epicentro de una “economía criminal” donde confluyen disidencias de las FARC, grupos brasileños y mafias locales, combinando narcotráfico, minería ilegal y control territorial armado, con efectos que trascienden las fronteras de Colombia.
Periodismo de investigación reciente muestra cómo el llamado “corazón verde” de Sudamérica se ha convertido en un espacio de disputa entre organizaciones armadas que mezclan lógicas insurgentes, criminales y paramilitares. Disidencias de las FARC comparten o se disputan rutas con bandas brasileñas y grupos locales, financiando su operación mediante cocaína, extracción ilegal de oro y tala masiva, con comunidades indígenas atrapadas entre la violencia y la cooptación forzada.
Este entramado reconfigura el mapa de seguridad regional: los corredores amazónicos conectan con rutas hacia Brasil, Perú y el Atlántico, mientras la porosidad de las fronteras facilita el tránsito de armas, dinero y combatientes. La debilidad del Estado en zonas remotas se combina con una geografía compleja que dificulta operaciones convencionales, obligando a apostar por inteligencia humana, vigilancia aérea y cooperación transfronteriza.
Para Chile, aunque distante geográficamente, la Amazonía no es un teatro ajeno. El desmantelamiento o consolidación de estas redes incide en mercados ilícitos que llegan al Cono Sur, ya sea en forma de drogas, armas o lavado de activos. También condiciona la agenda climática y de biodiversidad, donde Chile se ha posicionado como actor relevante. En el plano de defensa, la evolución de este “laboratorio” de conflicto híbrido ofrece lecciones sobre integración de capacidades policiales-militares, vigilancia de fronteras extensas y cooperación en inteligencia con países vecinos y socios extra regionales.
Es probable que la respuesta siga combinando esfuerzos nacionales colombianos con mayor involucramiento de actores externos, desde cooperación europea hasta programas de seguridad de Estados Unidos, con el riesgo de militarizar aún más una región socialmente frágil. Los escenarios van desde una lenta fragmentación del poder criminal, si se sostienen políticas integrales de presencia estatal, hasta la consolidación de “zonas grises” controladas por economías ilícitas. Para Chile, la clave será reforzar mecanismos de intercambio de inteligencia, monitorear impactos en sus propias rutas logísticas y mantener una lectura estratégica del vínculo entre seguridad, medio ambiente y crimen organizado en Sudamérica.
