El 6 de enero de 2026, la Comisión de Defensa Nacional del Senado sesionó para tratar un proyecto de ley sobre protección de infraestructura crítica. En paralelo, el marco regulatorio refuerza el rol del CSIRT del sector Defensa (CSIRT-DN) y su deber de reporte de incidentes. Importa porque consolida un viraje: la defensa moderna se juega también en redes, servicios y continuidad estatal.
La discusión legislativa muestra una tendencia regional: expandir el concepto de defensa más allá de lo militar clásico hacia “sistemas país” (energía, agua, telecomunicaciones, transporte, datos). El proyecto sobre infraestructura crítica, al estar en agenda de Defensa, sugiere que el Estado busca clarificar responsabilidades, umbrales de activación y coordinación interagencial.
A nivel de ciberdefensa, el Decreto en LeyChile explicita que el CSIRT-DN debe reportar a la Agencia cualquier incidente o ciberataque que pueda comprometer su información, redes o sistemas. Esto no es sólo burocracia: habilita trazabilidad, métricas, aprendizaje institucional y respuesta coordinada.
El punto crítico para Chile es evitar una “agenda declarativa”. Infraestructura crítica requiere: mapeo de dependencias, pruebas de estrés, ejercicios con privados, y —clave— reglas de intercambio de información entre operadores y Estado sin castigar la transparencia (incentivos correctos). También impacta industria de defensa local: demanda por ciberseguridad, sensores, monitoreo y servicios administrados puede convertirse en un vector de desarrollo si se estructura con estándares y compras públicas inteligentes.
Próximo paso probable: acelerar tramitación y, en paralelo, consolidar protocolos operativos (quién manda, quién comunica, quién restaura). Riesgos: superposición institucional y “zonas grises” de responsabilidad ante crisis reales. Escenario: Chile avanza hacia un modelo de seguridad nacional más integrado, donde defensa, interior y reguladores sectoriales convergen bajo un marco común de resiliencia
