La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentada a fines de 2025, sitúa al Hemisferio Occidental como prioridad y abre paso a un aumento de la presencia militar norteamericana en América Latina, ejemplificado por un reciente despliegue de la Fuerza Aérea en Ecuador para combatir supuestos “narco-terroristas”, mientras Rusia y otros actores buscan capitalizar las tensiones en torno a Venezuela.
El documento estratégico difundido por la Casa Blanca plantea “restaurar la dominancia militar” de EEUU en el hemisferio y asegura que se negará a cualquier potencia rival la posibilidad de posicionar fuerzas o capacidades amenazantes en la región. Funcionarios del Pentágono han adelantado que esto podría traducirse en más tropas y medios distribuidos a lo largo de las Américas, así como en una intensificación de operaciones de interdicción marítima y aérea contra el narcotráfico, ahora enmarcadas en una lógica de “defensa activa” más que de mera aplicación de la ley.
En este marco se inscribe el despliegue de unidades de la Fuerza Aérea estadounidense en Ecuador, presentado como respuesta a la expansión de organizaciones criminales transnacionales. El movimiento se suma a la creciente cooperación en seguridad con gobiernos de la región y reaviva debates históricos sobre soberanía, presencia de tropas extranjeras y militarización de la lucha contra las drogas.
Al mismo tiempo, la escalada retórica entre Washington y Caracas —con escenarios que van desde sanciones reforzadas hasta hipótesis de intervención— es leída en Moscú como una oportunidad. Análisis rusos señalan que una eventual intervención estadounidense en Venezuela podría, paradójicamente, beneficiar al Kremlin al situar a ambas potencias en pie de “igualdad moral” en materia de uso de la fuerza y facilitar un “trueque geopolítico”: una Venezuela alineada con EEUU a cambio de un arreglo en Ucrania en términos favorables a Rusia.
El giro estratégico de EEUU hacia el hemisferio impacta directamente la ecuación de seguridad sudamericana. Para Chile, supone la necesidad de calibrar cuidadosamente su relación con Washington, evitando quedar atrapado en una lógica de bloques cerrados que reduzca márgenes de maniobra con otros socios relevantes, como la Unión Europea o China. También reabre el debate interno sobre el alcance deseable de la cooperación en defensa y seguridad con EEUU, particularmente en ámbitos sensibles como la vigilancia marítima, el combate al narcotráfico y el uso de bases o infraestructura dual.
En el plano económico y energético, la estabilidad de Venezuela –que aún posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo– sigue siendo una variable crítica para los mercados. Una intervención militar o un colapso abrupto del régimen tendría efectos de corto plazo sobre los precios de combustibles, con impacto en Chile. Además, una mayor presencia de actores externos (EEUU, Rusia, China, Irán) compitiendo por influencia en América Latina puede fragmentar la coordinación regional y dificultar la construcción de posiciones comunes en foros multilaterales donde Chile ha jugado roles articuladores.
Estados Unidos entra a 2026 decidido a “reordenar su patio trasero”, mientras Rusia y otros actores exploran márgenes para transformar América Latina en tablero de negociación indirecta por Ucrania y el orden internacional. Es probable que la región vea un aumento de ejercicios militares conjuntos, ventas de armamento y acuerdos de acceso a instalaciones. Para los países latinoamericanos, incluyendo Chile, el desafío será evitar que esta competencia de grandes potencias derive en una nueva ola de alineamientos rígidos, reeditando la lógica de zonas de influencia que América Latina ha intentado dejar atrás.
