Por: Ricardo Morales W.
Los recientes casos vinculados al narcotráfico que han salpicado tanto al Ejército de Chile como a la Fuerza Aérea no sólo remecen la opinión pública: constituyen una alarma seria sobre la creciente capacidad del crimen organizado para penetrar
estructuras del Estado que, históricamente, han sido consideradas bastiones de
disciplina, control y jerarquía.
Lo que estamos presenciando en Chile no es un fenómeno aislado, sino parte de una secuencia bien documentada en contextos comparables: primero se instala el
narcotráfico en el territorio, después el Estado reacciona para combatirlo, y finalmente, las redes criminales comienzan a permear las instituciones —desde las más vulnerables hasta las más protegidas, incluyendo a las Fuerzas Armadas.
Este proceso debe ser comprendido como un cambio de paradigma. Las Fuerzas
Armadas, al igual que otros organismos públicos, no están inmunes frente a la
corrupción, la cooptación o la amenaza directa de redes criminales organizadas. Más aún en un contexto de alta exposición mediática, donde la pérdida de confianza en estas instituciones puede tener consecuencias estructurales en la gobernabilidad.
Por eso, es urgente discutir la seguridad en clave multidimensional. La tendencia
regional —y también global— apunta a la construcción de ejércitos polivalentes, es
decir, capaces de responder no solo a amenazas tradicionales, sino también a desafíos complejos como el crimen transnacional, el ciberterrorismo o las emergencias medioambientales. Para ello, es indispensable revisar el modelo de desarrollo institucional militar, considerando tres niveles de cambio:
- Adaptación, que implica adecuar estructuras existentes a nuevas realidades;
- Modernización, para optimizar capacidades logísticas, operativas y
tecnológicas; - Transformación, entendida como el desarrollo de nuevas capacidades
orientadas a misiones emergentes y a roles en constante redefinición.
En ese marco, el crimen organizado —y particularmente el narcotráfico— debe dejar de ser tratado exclusivamente como un asunto policial o judicial, y ser considerado una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Así lo estableció Estados Unidos en su Estrategia Nacional de Seguridad del año 2010, y así también podría ser interpretado en el futuro en nuestro país.
Chile necesita avanzar con decisión en esta materia: establecer marcos normativos
robustos, implementar controles eficaces, reforzar la inteligencia del Estado y —sobre todo— asumir que ninguna institución, por sólida que parezca, es invulnerable a la corrupción y la captura del poder criminal. La defensa nacional comienza por proteger a sus propias instituciones de las amenazas que se incuban desde dentro.
