Estados Unidos cerró 2025 con 13 estructuras criminales de Latinoamérica designadas como organizaciones terroristas extranjeras, principalmente carteles mexicanos pero también grupos de Colombia, Ecuador, El Salvador y Venezuela, elevando el conflicto con el crimen organizado a un plano abiertamente geopolítico.
El Departamento de Estado completó durante el año un ciclo de designaciones que incluyó, entre otros, al Clan del Golfo en Colombia, a los grupos ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros, a la pandilla salvadoreña Barrio 18 y al venezolano Cártel de los Soles. La mayoría de los restantes pertenecen al ecosistema de carteles mexicanos que controlan rutas de tráfico de drogas, armas y personas en el corredor Mesoamericano.
La etiqueta de “organización terrorista extranjera” permite a Washington bloquear activos en su sistema financiero, perseguir redes de apoyo, desplegar herramientas de inteligencia financiera y reforzar la cooperación con los Estados donde operan estas estructuras. En la práctica, difumina aún más la frontera entre la lucha contra el narcotráfico y la agenda antiterrorista, a la vez que habilita narrativas de “guerra irregular” que pueden justificar operaciones extraterritoriales.
Para Chile, aunque ninguna de estas organizaciones opera de manera visible con presencia física estable en el territorio, sí inciden en el entorno estratégico: muchas de las rutas de exportación de cocaína hacia Asia-Pacífico y Europa utilizan puertos del Pacífico sudamericano, y los flujos de armas, dinero y personas atraviesan cadenas logísticas donde Chile participa como país de tránsito, de destino de capitales ilícitos o de consumo.
La decisión de EE. UU. eleva la presión para que los países de la región, incluido Chile, fortalezcan sus marcos normativos sobre terrorismo, crimen organizado y financiamiento ilícito, y alineen —o no— sus propias listas de organizaciones terroristas con la de Washington. En un escenario donde el crimen organizado transnacional ya tensiona la seguridad interior chilena, se abre la pregunta sobre cuánto va a depender Santiago de la inteligencia estadounidense y cuánto está dispuesto a integrar su política de persecución criminal a una agenda diseñada en el Norte.
En 2026 es previsible una intensificación de las solicitudes de cooperación, intercambio de información sensible y operaciones conjuntas de inteligencia financiera. Para Chile, el desafío será doble: robustecer la capacidad de seguir el rastro del dinero —no solo de la droga— y, al mismo tiempo, preservar márgenes de autonomía estratégica para no quedar subsumido en una lógica de “guerra global contra el narco-terrorismo” que no necesariamente responde a sus propias prioridades de seguridad interna y vecinal.
