La semana cerró con un patrón nítido: la agenda global de seguridad se reordenó por tres vectores simultáneos. Primero, la guerra ampliada en Medio Oriente, con el eje Estados Unidos–Israel–Irán absorbiendo atención militar, diplomática y cibernética. Segundo, la persistencia del frente euroatlántico, donde la OTAN intenta evitar que la crisis iraní erosione el apoyo a Ucrania mientras Rusia mantiene presión militar y refuerza estructuras cerca de la frontera aliada. Tercero, en América Latina y Chile, el debate estratégico se está desplazando hacia infraestructura crítica, control fronterizo, inteligencia económica, crimen organizado y autonomía industrial en defensa.
Sin embargo, no se trata solo de la acumulación de hechos, sino de la convergencia entre seguridad dura, competencia tecnológica e infraestructura estratégica. La discusión ya no separa con nitidez defensa, ciberseguridad, logística, industria y política exterior: el cable Chile–China Express, la construcción naval, FIDAE 2026, la presión de Washington por una coalición hemisférica anti-carteles y el uso creciente del ciberespacio en conflictos convencionales muestran que esa separación se está quedando atrás.
América Latina y Chile
La Casa Blanca y el Departamento de Estado impulsaron la cumbre Shield of the Americas el 7 de marzo en Doral, Florida, a la que asistieron autoridades nacionales. En la ocasión, el presidente Donald Trump anunció una nueva coalición militar hemisférica orientada a “erradicar” carteles, con 17 países adheridos. Detrás del lenguaje anti-crimen organizado aparece una redefinición doctrinaria: el narcotráfico pasa a ser tratado crecientemente como amenaza estratégica y no solo policial, lo que abre espacio para más cooperación militar, inteligencia compartida y potencial proyección de fuerza en el continente.
Ese giro endurece la relación entre seguridad interior y geopolítica regional. En la misma cumbre, Washington vinculó la lucha contra carteles con la necesidad de frenar la influencia de actores extrahemisféricos, especialmente China. Eso implica que puertos, telecomunicaciones, corredores logísticos y acuerdos tecnológicos de Chile y la región pasarán a leerse cada vez más como activos de seguridad nacional y no solo de desarrollo económico. Esto se resume en una creciente militarización de la agenda de seguridad y mayor presión para alineamientos explícitos.
Venezuela siguió siendo un punto de inestabilidad política y estratégica. Reuters reportó el 7 de marzo que el gobierno interino encabezado por Rodríguez envió señales de diálogo a Trump, mientras el trasfondo regional continúa marcado por la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero y por la reconfiguración de los equilibrios de poder en Caracas. Aunque esta semana no hubo un nuevo quiebre militar, el caso venezolano sigue operando como factor estructurante de la política hemisférica de Washington y de la seguridad fronteriza regional.
Cuba reingresó a la conversación estratégica regional de manera explícita. Trump afirmó el 7 de marzo que La Habana está negociando con Washington, una señal que, más allá de su desenlace, confirma que el Caribe vuelve a ser visto por Estados Unidos bajo una lógica de negociación coercitiva y reposicionamiento político. En clave de seguridad regional, eso sugiere una fase de reordenamiento simultáneo del frente Venezuela–Cuba, con consecuencias sobre inteligencia, migración, sanciones y arquitectura diplomática en el hemisferio.
Mientras que a propósito del conflicto por el cable submarino Chile-China Express, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió al canciller Alberto van Klaveren y al ministro de Transportes, mientras la Comisión de Defensa realizó una sesión reservada con la ministra Adriana Delpiano para revisar las implicancias del proyecto en seguridad nacional e infraestructura crítica. El solo hecho de que la discusión pasara por Defensa confirma que la conectividad digital internacional dejó de ser un asunto exclusivamente técnico y pasó a ser una cuestión de soberanía estratégica.
Este debate tiene un alcance mayor, porque lo que está en juego es cómo Chile administra la tensión entre sus dos vínculos sistémicos más importantes: Estados Unidos como socio político-estratégico y China como socio económico-tecnológico. La frase del canciller sobre la necesidad de “equilibrio” entre ambos socios resume una realidad incómoda: la infraestructura digital, energética y logística chilena será crecientemente observada bajo el prisma de la competencia entre potencias.
En la Cámara de Diputadas y Diputados, la agenda de seguridad avanzó en varios frentes. La Comisión de Seguridad Ciudadana continuó esta semana la votación del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica para prevención y alerta sobre actividades vinculadas al crimen organizado; además, siguió la discusión de una nueva modalidad de ingreso a la PDI y recibió el informe anual del director de la ANI sobre la labor realizada en 2025 y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado. En términos institucionales, esto muestra que la seguridad chilena se mueve hacia un esquema más híbrido: inteligencia financiera, seguridad pública, investigación criminal y control estatal de amenazas complejas.
También en el Senado, la Comisión de Constitución aprobó con cambios el proyecto conocido como ley “antifiltraciones”, que fortalece la protección de antecedentes de procesos penales y tipifica su divulgación indebida. Aunque el debate público suele centrarse en libertad de prensa versus reserva investigativa, desde una óptica estratégica la señal es que el Estado busca cerrar vulnerabilidades internas en la gestión de información sensible dentro del sistema penal, policial y persecutor. Eso conecta directamente con un ecosistema de seguridad donde la filtración ya no se percibe solo como problema judicial, sino como falla de resguardo institucional.
En el plano de defensa e industria, la Armada de Chile activó un hito relevante el 6 de marzo: el Consejo Directivo del Comité de Construcción Naval aprobó su plan de trabajo para el primer semestre de 2026, incluyendo la entrega en mayo de una hoja de ruta para implementar la Política y el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, junto con propuestas tempranas en financiamiento, innovación, manufactura, normas, capital humano y sustentabilidad. Este es probablemente el movimiento industrial más importante de la semana en Chile, porque traslada la conversación desde el discurso a la arquitectura de ejecución.
Este plan de trabajo fortalece la base industrial y tecnológica de defensa; por otra, incorpora una lógica territorial y mesorregional que vincula Valparaíso, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. En otras palabras, la construcción naval no solo se perfila como una política sectorial de la Armada, sino como un instrumento de desarrollo industrial, empleo calificado y autonomía logística del Estado.
La Armada también consolidó presencia en el sur y en la proyección antártica, toda vez que el ATF-60 “Lientur” inició su primera comisión antártica, asumiendo transporte de carga y pasajeros, distribución de combustible antártico, apoyo hidrográfico y tareas de señalización marítima. En un contexto de creciente competencia por rutas, presencia y logística polar, este tipo de despliegues no son meramente administrativos, sino que refuerza la continuidad operativa chilena en el espacio austral y antártico.
En la dimensión aeroespacial, la FACh cerró la segunda reunión principal de planificación del ejercicio Salitre 2026 con delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay. Según la propia institución y cobertura especializada, la conferencia profundizó la planificación operativa, logística y de interoperabilidad de un ejercicio multidominio que se desarrollará entre fines de junio y julio en Antofagasta. El mensaje estratégico es claro: Chile está usando Salitre no solo como entrenamiento, sino como plataforma regional de integración táctica con formato de planificación compatible con estándares OTAN.
A la vez, FIDAE 2026 confirmó más de 300 expositores de 33 países y 98% de ocupación de espacios feriales para su edición del 7 al 12 de abril. La magnitud del evento vuelve a posicionar a Chile como nodo regional de defensa, seguridad, aeroespacio e innovación dual. No es un dato comercial menor: en una región con cadenas industriales fragmentadas, FIDAE funciona como plataforma de negociación tecnológica, posicionamiento país y acceso a proveedores globales.
OTAN, Ucrania y Rusia
El frente euroatlántico mantuvo un doble movimiento esta semana. Por un lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que los aliados seguirán apoyando a Ucrania pese a la crisis con Irán. Por otro, la alianza intensificó su proyección hacia Asia, con la visita de la subsecretaria general Radmila Shekerinska a Tokio el 6 de marzo para reafirmar la asociación OTAN–Japón. La lectura estratégica es que Bruselas busca impedir que la guerra ampliada en Medio Oriente fracture recursos, atención política y credibilidad disuasiva en ambos teatros.
En el terreno, Rusia mantuvo presión con una serie de ataques masivos con drones y misiles sobre Ucrania en la noche del 6 al 7 de marzo, mientras se informó de la continuidad de operaciones ofensivas rusas y, días antes, daños ucranianos sobre medios navales rusos en Sebastopol. También se reportó problemas previos de abastecimiento de misiles para los F-16 ucranianos, revelando que la defensa aérea aliada sigue dependiendo de cadenas logísticas vulnerables. La conclusión es que Ucrania conserva capacidad de golpe, pero el equilibrio sigue condicionado por la continuidad del apoyo material occidental.
Estados Unidos, hemisferio occidental, Venezuela y Cuba
La política estadounidense hacia el hemisferio entró esta semana en una fase más abiertamente securitizada. El 5 de marzo se reportó que asesores de la Casa Blanca sostuvieron que la fuerza militar es la única vía efectiva para derrotar carteles; dos días después, Trump formalizó esa línea con la coalición del Shield of the Americas. La novedad no es solo retórica, es un intento real de construir legitimidad regional para operaciones combinadas, inteligencia compartida y mayor protagonismo militar en seguridad transnacional.
Esto repercute directamente sobre Sudamérica. La lógica anti-cartel estadounidense tenderá a cruzarse con debates sobre fronteras, migración, puertos, lavado de activos y control marítimo, especialmente allí donde Washington detecte convergencia entre crimen organizado y presencia de actores rivales. En ese mapa, Chile no aparece hoy como teatro principal, pero sí como país expuesto por su infraestructura crítica, su salida al Pacífico y su rol logístico-financiero en el Cono Sur. Esa es una inferencia estratégica apoyada en la agenda hemisférica de esta semana.
Venezuela sigue siendo la pieza más sensible del tablero. El mensaje de Rodríguez a Trump apunta a descomprimir, pero no resuelve el problema estructural: la transición venezolana continúa inscrita en una disputa de poder con implicaciones sobre seguridad regional, energía, criminalidad y alineamientos diplomáticos. Mientras no se estabilice ese frente, Washington mantendrá a Caracas como argumento operativo para una política de seguridad hemisférica más intervencionista.
China, Taiwán y el Indo-Pacífico
En Asia, la semana dejó una combinación de moderación táctica y endurecimiento estructural. Se informó que la actividad aérea china alrededor de Taiwán cayó abruptamente en las últimas semanas, incluso con días sin vuelos en la ventana reciente, aunque Taiwán siguió detectando buques del PLAN y algunas incursiones aéreas en su ADIZ. La reducción de salidas aéreas no debe leerse como desescalada estratégica, sino como posible recalibración del patrón de presión en un contexto diplomático y operativo más amplio.
Al mismo tiempo, Pekín anunció un aumento de 7% en su gasto de defensa para 2026, según Reuters. Aunque es una tasa menor que en años previos, sigue superando el crecimiento económico y confirma la continuidad del ciclo de modernización militar chino. Es decir, baja la intensidad visible en un subteatro, pero no la trayectoria de fondo: la competencia por superioridad regional, negación de acceso, misiles, espacio, ciber y navalización del Indo-Pacífico sigue intacta.
Taiwán mantuvo su respuesta operativa con patrullas aéreas de combate, buques y sistemas costeros de misiles. Además, su armada divulgó esta semana medidas de contra-vigilancia y seguridad técnica a bordo del ROCS Chang-Chien, una señal menor en apariencia, pero coherente con la ampliación del concepto de protección de fuerza hacia amenazas híbridas, intrusión técnica y seguridad interna de plataformas.
Japón, por su parte, reforzó su conexión con la OTAN. La visita de Shekerinska a Tokio el 6 de marzo confirmó que la relación euroatlántica–indo-pacífica sigue expandiéndose, especialmente en resiliencia, industria, interoperabilidad y respuesta a amenazas transregionales. Para Chile, esto es importante en tanto la arquitectura de seguridad del Pacífico ya no puede leerse sin el puente OTAN–Japón–Corea–Australia, con consecuencias indirectas sobre cadenas tecnológicas, defensa marítima y competencia por infraestructura submarina.
Gaza y Medio Oriente
El principal centro de gravedad global se desplazó esta semana a Medio Oriente, toda vez que la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán entró en una fase de máxima escalada, con ataques sobre infraestructura energética, represalias iraníes con drones, golpes en Beirut y debate sobre sucesión en Teherán tras la muerte del líder supremo iraní. Paralelamente, el Departamento de Estado emitió advertencias de seguridad para ciudadanos estadounidenses en la región y reconoció evacuaciones de miles de personas.
La dimensión militar es acompañada por una dimensión cibernética creciente. Hubo informes sobre ataques cibernéticos contra aplicaciones, sitios web e infraestructura digital iraní tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. En conflictos de esta naturaleza, el ciberespacio ya no opera como complemento, sino como capa simultánea de degradación de mando, percepción pública y capacidad de represalia.
En paralelo, Gaza quedó parcialmente desplazada del foco geopolítico, pero no del colapso humanitario. La OMS advirtió, vía Reuters, que los stocks médicos están críticamente bajos pese a la reapertura parcial de Kerem Shalom, y también se reportó un ataque con cohetes Katyusha contra la embajada de EE.UU. en Bagdad el 7 de marzo. La conclusión operativa es que la guerra se expandió regionalmente sin resolver su núcleo palestino, produciendo una superposición de frentes: Gaza, Irán, Líbano, Golfo e Irak.
La escalada en Gaza y el conflicto ampliado entre Israel e Irán están comenzando a tener implicancias indirectas pero relevantes para la arquitectura estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aunque la OTAN no participa como actor militar directo en las operaciones en Gaza ni en los ataques cruzados entre Israel e Irán, el conflicto está alterando el equilibrio de prioridades dentro de la alianza. Varios miembros —especialmente Estados Unidos, Reino Unido y algunos aliados europeos— han debido redistribuir capacidades navales, aéreas y de inteligencia hacia el Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico para proteger rutas marítimas, bases militares y flujos energéticos. Este movimiento implica una presión adicional sobre la planificación estratégica de la OTAN, que intenta evitar que la crisis en Medio Oriente reduzca recursos destinados al frente euroatlántico frente a Rusia. En términos operacionales, la alianza enfrenta el desafío de sostener simultáneamente la disuasión en Europa oriental, el apoyo militar a Ucrania y la estabilidad del flanco sur, donde confluyen terrorismo, migraciones irregulares y vulnerabilidad energética.
Desde una perspectiva estratégica más amplia, el conflicto de Gaza está acelerando la discusión dentro de la OTAN sobre la seguridad del llamado “flanco sur ampliado”, que incluye el Mediterráneo, el norte de África y Medio Oriente. Países como Italia, Grecia y Turquía han insistido en que la alianza debe equilibrar su foco entre el teatro oriental —dominado por la guerra en Ucrania— y las amenazas provenientes del sur. La expansión de la guerra regional, la posible participación directa de Irán y el riesgo de interrupción de rutas energéticas o marítimas estratégicas en el Mediterráneo y el Golfo refuerzan esa postura. En consecuencia, la crisis de Gaza podría terminar consolidando una evolución doctrinaria dentro de la OTAN: pasar de una alianza centrada casi exclusivamente en la disuasión frente a Rusia a una organización que gestione dos teatros estratégicos simultáneos, integrando seguridad energética, control marítimo, defensa antimisiles y operaciones híbridas en el arco que conecta Europa, Medio Oriente y el norte de África.
África
África mostró esta semana un mapa de seguridad fragmentado pero intensamente militarizado. En África oriental, Justified Accord 2026 siguió en marcha en Kenia, Tanzania y Yibuti hasta el 13 de marzo, integrando unos 1.500 efectivos y entrenamiento en mando y control, fuego real, integración aire-tierra y defensa cibernética. Es uno de los ejercicios multinacionales más relevantes del continente y evidencia que la seguridad africana sigue siendo terreno de competencia doctrinaria, tecnológica y de alianzas.
En Somalia, AFRICOM informó el 2 de marzo una serie de ataques aéreos contra ISIS-Somalia en coordinación con el gobierno federal. Esto confirma que, aunque el foco mediático global esté en Ucrania o Irán, Washington mantiene una campaña activa de contraterrorismo en el Cuerno de África, combinando ataques de precisión con fortalecimiento de socios regionales.
En África central, el conflicto del este de la RDC siguió escalando. Reuters informó sanciones estadounidenses contra mandos de la fuerza militar ruandesa por su papel en el conflicto, así como nuevas violaciones al cese del fuego y un ataque con drones contra el aeropuerto de Kisangani reivindicado por rebeldes vinculados al M23. El nexo entre minerales estratégicos, grupos armados y rivalidad regional convierte este teatro en uno de los más subestimados de la agenda global.
Sudán también siguió deteriorándose, se informó que Jartum acusó por primera vez a Etiopía de permitir lanzamientos de drones desde su territorio, señal de una regionalización más abierta de la guerra civil sudanesa. A ello se suman la inestabilidad en Sudán del Sur y la creciente preocupación por la expansión yihadista en el borde Sahel–África occidental.
