Con la aprobación de su reforma económica ya superada en el Congreso, el Gobierno inició una nueva fase de su agenda política colocando la seguridad pública como su principal prioridad. El Presidente José Antonio Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete legislativo compuesto por más de una treintena de iniciativas que busca ampliar las capacidades del Estado para enfrentar organizaciones criminales, narcotráfico y terrorismo mediante reformas legales, constitucionales e institucionales.
El eje central de la propuesta es una reforma constitucional destinada a consagrar la seguridad pública como un deber esencial del Estado, otorgando un marco jurídico que permita respaldar futuras políticas de persecución penal y control del orden público. Paralelamente, el Ejecutivo pretende crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, concebido para responder a situaciones de grave alteración del orden derivadas de la acción de organizaciones criminales, una figura distinta de los estados de excepción actualmente contemplados por la Constitución.
La agenda incorpora además un endurecimiento de las herramientas investigativas y penales. Entre las principales medidas se encuentran la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 a 24 horas; la tipificación con penas agravadas para quienes integren organizaciones criminales; la creación de un régimen penitenciario especial destinado a impedir que líderes del narcotráfico continúen operando desde las cárceles; y el fortalecimiento del decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas mediante una nueva institucionalidad encargada de administrar, liquidar y destruir activos vinculados al crimen organizado.
El Gobierno también plantea reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad. La propuesta contempla mayores atribuciones para Carabineros y la Policía de Investigaciones en zonas fronterizas, modernizar la PDI, crear una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales, ampliar el uso de identificación genética en investigaciones y fortalecer el control fronterizo mediante vigilancia tecnológica, drones, biometría y sistemas permanentes de monitoreo. Estas iniciativas se complementan con el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, que ya considera fuerzas de tarea especializadas contra secuestros, narcotráfico, lavado de activos y violencia rural organizada.
Durante la presentación, el Ejecutivo sostuvo que las medidas buscan consolidar una estrategia basada en cuatro pilares: perseguir, capturar, juzgar y condenar a las organizaciones criminales, junto con recuperar el control territorial del Estado en sectores considerados críticos. Asimismo, el Presidente instruyó al Ministerio de Seguridad Pública a priorizar la tramitación legislativa de la ACOT con el objetivo de obtener la aprobación de la mayor parte de las iniciativas antes de finalizar el año.
La ACOT representa el mayor paquete legislativo en materia de seguridad impulsado por la actual administración y marca un cambio desde una fase centrada en reformas económicas hacia una agenda enfocada en el fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado. La combinación de reformas constitucionales, nuevas facultades policiales, modificaciones al sistema penitenciario y mecanismos para afectar las estructuras financieras del crimen organizado apunta a una estrategia de presión simultánea sobre las redes criminales.
Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de su tramitación parlamentaria y del equilibrio que logre entre mayores atribuciones para el Estado, controles institucionales y resguardo de las garantías constitucionales. Varias de las propuestas —como el nuevo Estado de Excepción, los regímenes penitenciarios diferenciados y la ampliación de facultades policiales— probablemente concentrarán el debate jurídico y político durante los próximos meses, convirtiéndose en uno de los principales ejes de la agenda legislativa en seguridad.
