Chile acaba de incorporarse al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada desde Estados Unidos y presentada públicamente como un mecanismo de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las nuevas amenazas que cruzan las fronteras de los países de la región. A primera vista, el objetivo parece difícil de cuestionar. Las organizaciones criminales operan internacionalmente, utilizan redes financieras complejas, trafican drogas, armas y personas, y aprovechan las debilidades institucionales de los Estados. Frente a ese escenario, la cooperación internacional no solamente resulta conveniente, sino necesaria.
Sin embargo, una lectura más atenta de los compromisos asociados al Escudo de las Américas revela que estamos frente a algo bastante más amplio que una alianza policial contra los carteles. Seguridad, economía y coordinación internacional aparecen entrelazadas dentro de una misma arquitectura estratégica, incorporando materias como minerales críticos, inversiones, infraestructura digital, intercambio de inteligencia y coordinación política entre los países participantes.
La discusión no debería reducirse a determinar si Chile debe o no cooperar con otras naciones para combatir el narcotráfico. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta relevante es hasta dónde llega esa cooperación, qué compromisos adicionales implica y qué consecuencias puede generar para la autonomía estratégica del país.
Uno de los aspectos que merece mayor atención es la incorporación de los minerales críticos dentro de esta nueva estructura de cooperación hemisférica. Chile posee recursos que serán decisivos para la economía mundial durante las próximas décadas. El cobre y el litio ocupan un lugar central en la transición energética, la electromovilidad, el almacenamiento eléctrico, la inteligencia artificial, los centros de datos y diversas industrias estratégicas.
Por eso, cuando una iniciativa presentada principalmente como una alianza contra el crimen organizado comienza a hablar también de cadenas de suministro de minerales críticos, es razonable preguntarse por qué ambos asuntos aparecen dentro de una misma arquitectura.
Los minerales ya no son solamente materias primas. Se han convertido en instrumentos de poder económico y geopolítico. Las grandes potencias compiten por asegurar su acceso, controlar cadenas productivas y disminuir su dependencia de países considerados adversarios o poco confiables.
El elefante en la habitación: China
La declaración del Escudo de las Américas no establece que Chile deba romper relaciones con Beijing ni excluye expresamente las inversiones chinas. Tampoco significa que nuestro país haya aceptado automáticamente alinearse con Estados Unidos en su competencia global con la potencia asiática.
Pero sería igualmente ingenuo analizar conceptos como minerales críticos, proveedores confiables, infraestructura digital y control de inversiones sin considerar el contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing.
Para Chile esta situación es especialmente sensible. China es desde hace años su principal socio comercial y uno de los principales compradores de cobre chileno. Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa siendo un socio económico, político y estratégico fundamental. La política exterior chilena ha intentado históricamente mantener márgenes de autonomía suficientes para relacionarse con distintas potencias sin quedar atrapada completamente en sus disputas.
El desafío que plantea el Escudo de las Américas consiste precisamente en determinar si esa capacidad de maniobra se mantendrá intacta. La preocupación aumenta cuando aparece el concepto de “proveedores confiables” para la infraestructura digital. La expresión parece técnica, pero tiene profundas implicancias políticas.
¿Quién determina qué proveedor es confiable? ¿Cada país de manera independiente? ¿Existirán criterios acordados entre los miembros? ¿Qué ocurrirá con empresas provenientes de países que Estados Unidos considere competidores estratégicos? ¿Podrán esos criterios afectar futuras licitaciones relacionadas con telecomunicaciones, redes digitales, centros de datos, servicios públicos o infraestructura tecnológica?
Estas preguntas no son menores, la infraestructura digital constituye actualmente uno de los principales terrenos de competencia entre las grandes potencias. Quien controla redes, datos, tecnologías y plataformas posee una ventaja económica y estratégica significativa. Chile debe evitar que decisiones fundamentales sobre su desarrollo tecnológico terminen determinadas indirectamente por alineamientos geopolíticos externos.
Intercambio de inteligencia
La cooperación entre agencias de seguridad puede resultar extremadamente útil para perseguir organizaciones criminales que operan simultáneamente en varios países. Compartir información sobre movimientos financieros, tráfico de drogas, rutas marítimas, organizaciones delictivas o lavado de activos puede fortalecer considerablemente la capacidad de respuesta del Estado chileno.
Pero precisamente porque se trata de información sensible, el intercambio de inteligencia requiere controles igualmente rigurosos.
Chile necesita saber qué organismos participarán, qué tipo de información podrá compartirse, cómo se protegerán los datos personales, qué límites existirán para su utilización y qué mecanismos de fiscalización democrática supervisarán esos intercambios.
Una democracia no debería elegir entre seguridad y control institucional. Necesita ambas cosas.
También merece atención la utilización del concepto de narcoterrorismo. El lenguaje utilizado para definir una amenaza nunca es inocuo. Calificar determinadas organizaciones criminales como narcoterroristas puede modificar la forma en que son enfrentadas jurídica, policial e incluso militarmente.
La persecución financiera de los carteles, el congelamiento de activos y la cooperación internacional contra el lavado de dinero pueden ser instrumentos legítimos y necesarios. Pero cualquier modificación de categorías jurídicas debe realizarse respetando el ordenamiento institucional chileno, el debido proceso y el control de los tribunales.
Las definiciones internacionales no deberían reemplazar automáticamente las decisiones soberanas de los Estados.
En este punto surge otro elemento particularmente delicado: la eventual utilización de mecanismos hemisféricos tradicionalmente vinculados a la defensa colectiva. Eso no significa que Chile haya autorizado operaciones militares extranjeras en su territorio ni que exista automáticamente una intervención militar asociada al Escudo de las Américas. Afirmarlo sería exagerado. Pero sí significa que la frontera entre seguridad pública, crimen organizado y defensa comienza a volverse más difusa. Y esa transformación requiere debate.
Durante décadas América Latina ha conocido las consecuencias de convertir problemas políticos, sociales o policiales en asuntos predominantemente militares. La experiencia regional aconseja prudencia.
Las Fuerzas Armadas pueden cumplir determinadas funciones de apoyo dentro del marco constitucional, pero convertir permanentemente la lucha contra el narcotráfico en una lógica de guerra puede producir consecuencias institucionales difíciles de revertir.
El problema central, entonces, no es la cooperación, el problema es determinar las condiciones de esa cooperación. Chile necesita herramientas internacionales para combatir el crimen organizado. Las organizaciones criminales no respetan fronteras. El lavado de dinero utiliza sistemas financieros globales. Las armas atraviesan continentes. Las drogas pueden recorrer varios países antes de alcanzar su destino. Ningún Estado puede enfrentar esos fenómenos completamente aislado.
Pero cooperar no significa renunciar a decidir
Ese debería ser el principio fundamental de cualquier participación chilena en el Escudo de las Américas. Cada compromiso relacionado con inteligencia, inversiones, infraestructura digital, minerales críticos o coordinación internacional debe ser evaluado en función de los intereses nacionales y no solamente de las prioridades estratégicas de las grandes potencias.
Chile necesita mantener relaciones profundas tanto con Estados Unidos como con China, Europa, América Latina y otras regiones. La autonomía internacional no consiste en mantenerse neutral frente a todos los problemas, sino en conservar la capacidad de adoptar decisiones propias.
Por eso el debate sobre el Escudo de las Américas no debería limitarse a preguntar si se trata jurídicamente de un tratado o de una declaración política. Las decisiones internacionales pueden generar consecuencias profundas incluso cuando no adoptan la forma clásica de un tratado.
Cómo se implementarán sus compromisos ?
¿Qué significa concretamente proteger las cadenas de suministro de minerales críticos? ¿Cómo se determinará qué inversión es considerada confiable? ¿Qué empresas podrán participar en infraestructura digital estratégica? ¿Qué información compartirán los organismos de inteligencia? ¿Qué mecanismos de supervisión existirán? ¿Hasta dónde llegará la coordinación internacional en materia de seguridad?
Todas esas preguntas merecen respuestas públicas. Porque el cobre, el litio, los datos, las telecomunicaciones, la inteligencia y las cadenas de suministro forman parte hoy de una disputa global por poder económico y estratégico.
Chile no debería enfrentar esa disputa escogiendo automáticamente entre Washington y Beijing. Debería enfrentarla definiendo primero sus propios intereses.
La verdadera discusión sobre el Escudo de las Américas, por tanto, no es si nuestro país debe combatir con mayor fuerza al crimen organizado. Sobre eso difícilmente puede existir desacuerdo. La pregunta de fondo es otra: cuánto margen de decisión conservará Chile dentro de esta nueva arquitectura hemisférica y quién terminará definiendo las prioridades estratégicas del país.
Porque cooperar es necesario, pero la seguridad nunca debería transformarse en un cheque en blanco.
Y cuando detrás de una alianza contra el narcotráfico aparecen también minerales críticos, inversiones, tecnología, inteligencia y geopolítica, la ciudadanía tiene derecho a preguntar algo mucho más elemental:
¿Quién decide la estrategia de Chile?
Fotografia: Wikipedia
