Por: Gonzalo Guajardo Gavilán Abogado, Universidad de Chile. Magíster en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
A principios de 2026, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Contraalmirante Hernán Montero, en declaraciones vertidas en un podcast, señaló que la boca de Magallanes era argentina. Estas expresiones, viralizadas en redes sociales en abril, generaron gran controversia, ante la cual el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, expresó que “la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y 1984” y que “Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho y asegura la libre navegación a todos los Estados, conforme con el derecho internacional”.
Esta semana, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Gustavo Valverde, también en un podcast, sostuvo que Magallanes estaba bajo soberanía argentina y que debían hacer presencia porque es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico. En esta ocasión, la Cancillería chilena envió una nota de protesta por los dichos del alto mando argentino, mientras que desde Argentina publicaron un comunicado donde, si bien se expresa que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984” y que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”, evitó reprochar las expresiones de sus mandos militares y declarar de manera expresa que Chile tiene la soberanía sobre todo el Estrecho de Magallanes.
En paralelo a la controversia por las declaraciones del alto mando de la Fuerza Aérea Argentina, la cuenta oficial de la Armada Argentina publicó un video en la red social Instagram del destructor ARA “Almirante Brown” navegando por fiordos australes, acompañado de un texto que señaló que atravesaba “uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes del país”, omitiendo que navegaba por aguas interiores chilenas. Posteriormente, el texto fue modificado, eliminando la mención “del país” y especificando que se trataba de canales fueguinos chilenos.
Sería sencillo tratar los hechos acontecidos durante este 2026 como situaciones aisladas. No obstante, un análisis más profundo debiese ser capaz de identificar un patrón de conducta. Que altos mandos trasandinos entreguen opiniones en que se pone en tela de juicio la soberanía chilena, para que después su gobierno, sin desautorizarlos, señale una reafirmación de los tratados de 1881 y 1984 pero sin declarar expresamente la soberanía chilena, constituye precedentes contrarios a los intereses nacionales de Chile.
Este comportamiento responde a una doctrina estratégica profundamente arraigada en el país vecino. En Argentina, históricamente se ha postulado la llamada “Tesis de Storni” de 1916, que plantea la co-soberanía del Estrecho de Magallanes. Asimismo, en un correlato normativo, en julio de 2021 el gobierno del expresidente Alberto Fernández publicó el Decreto N°457/2021 que actualizó la Directiva de la Política de Defensa Nacional Argentina, en la cual se señaló al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios compartidos sobre los que debían continuar fortaleciendo la “exploración, estudio y control conjunto”, contraviniendo el Tratado de 1881, que reconoce el Estrecho como exclusivamente chileno (sin perjuicio de permitir el libre paso de navegación para todas las naciones y la prohibición de militarizar las costas) y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que fijó la frontera oriental del estrecho como la línea recta entre Punta Dungeness y Cabo del Espíritu Santo. A la fecha, el Decreto N°457/2021 se mantiene vigente, no obstante, las solicitudes para derogarlo o enmendarlo.
Ante esto, resulta imperativo para Chile comprender el patrón histórico argentino, así como también el renovado interés geopolítico por el control de vías marítimas estratégicas y la relevancia que adquieren los pasos bioceánicos para la seguridad, el comercio y la proyección de poder. Esto no significa partir de cero. Hay lineamientos institucionales que el país ya se ha trazado. Entre estos, la Política de Defensa Nacional de 2020, declara que “nuestro territorio en el extremo sur del continente constituye una posición estratégica privilegiada para establecer centros de soporte en el continente para las actividades antárticas nacionales e internacionales, para otorgar conectividad marítima y aérea a la Antártica y para dar seguridad a los dos pasos marítimos naturales (el Estrecho de Magallanes y el Paso de Drake) que conectan los Océanos Atlántico y Pacífico”. Por su parte, la Política Antártica Nacional (actualizada el año 2024), entre sus objetivos, establece el “fortalecer y promover a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como un centro de actividad antártica nacional e internacional, consolidándola como un polo de desarrollo científico, tecnológico, logístico, cultural y turístico, reforzando la conectividad entre esta región y el continente antártico”.
Para materializar este y otros objetivos, urge interiorizar la innegable condición de Chile de país austral y antártico. Junto con ello, en un mundo en que el orden internacional basado en reglas muestra claros signos de erosión, las declaraciones ante cada coyuntura y la invocación de tratados no bastan por sí mismos. La soberanía no solo se declara, se ejerce. Y se hace a través del control efectivo del territorio, el desarrollo logístico, el fortalecimiento de nuestras capacidades y, de manera especial, integrando a nuestros espacios australes en la discusión estratégica diaria. Solo asumiendo un rol proactivo dejaremos de ser espectadores reaccionarios ante polémicas ocasionales que, sin fundamento, intentan poner en duda la soberanía nacional.
