Por: José Díaz Gallardo, Historiador
La firma por parte del gobierno de Chile del Escudo de las Américas se ha querido presentar como la adhesión a un documento de una cumbre anti drogas. Sin embargo, la “Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica”, suscrita este 22 de septiembre por 15 países de la región, hace referencia también a cuestiones económicas, de seguridad nacional y estratégicas, donde estas últimas dejan en evidencia las verdaderas intenciones que motivaron a las autoridades de la Casa Blanca para impulsar esta propuesta.
El novedoso y seductor concepto de “ soberanía hemisférica” entrega pistas sobre lo que se busca con este acuerdo propiciado por Washington. La iniciativa eleva el grave problema criminal que se vive en la región a una verdadera amenaza estratégica. El crimen organizado, el “narcoterrorismo” y la inmigración irregular se asocia a algo tan esencial para los estados nacionales como su soberanía. Por ello se incluyen diversos aspectos de seguridad nacional, económicos y estratégicos reivindicados por nuestros países.
Uno de los tres pilares de la Declaración corresponde a la defensa de nuestras economías, cuyo primer punto es la exploración de mecanismos de control de inversiones; el segundo, la protección de las cadenas de suministros de minerales críticos, y en tercer lugar, lo que se denomina como los “proveedores confiables de infraestructura digital”. Con todo esto se busca obtener la soberanía económica, que se de defiende “con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable”. Uno se podría preguntar ¿de que origen preocupan los capitales? ¿De la República Popular China, RPCh?
Los otros dos pilares son la defensa de la gobernanza democrática frente a las redes narcoterroristas y la defensa y promoción del respeto a la soberanía nacional de los países firmantes. Para implementar estos tres puntos los estados fortalecerán la cooperación en inteligencia, en “materia de inversiones y economía”, y la consulta y coordinación en foros regionales y multilaterales. La primera acción conjunta se centrara en las 24 organizaciones enumeradas en el documento.
Para viabilizar estos objetivos se plantea solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) que con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores faciliten la acción colectiva. Como se ha dicho por algunos analistas, este es el paso normativo necesario para transformar una coordinación inicialmente de carácter voluntaria (marzo de este año) en una de obligaciones jurídicas y carácter colectiva, para todos los miembros firmantes.
En un primer análisis queda claro que la arquitectura de cooperación que plantea el texto aumentaría en la práctica la dependencia de los Estados Unidos por parte de los países adheridos, en los planos de la inteligencia, la coordinación operativa y la cooperación militar. De este modo, queda claro que los gobiernos latinoamericano firmantes, ante la clásica disyuntiva seguridad versus soberanía, parecen haber abdicado ante el gobierno de Donald Trump. El problema es que el denominado primer pilar, ya comentado, nos expone a la esperable y obvia reacción económico-comercial de parte de la RPCh.
La Declaración describe al crimen organizado ya no sólo como un delito, sino como un problema de seguridad nacional y continental, las organizaciones enumeradas en el texto y sus acciones son declaradas “terroristas”, lo que sin duda habré la posibilidad de respuestas de tipo militar. Como han señalado análisis castrenses (CEEAG marzo 2026) el Escudo de las Américas podría evolucionar hacia un mecanismo de asistencia militar directa entre sus miembros, incluso en apoyo operativo contra infraestructuras criminales.
En términos operativos se debe destacar que entre los países que no firman se encuentran las naciones más grandes y complicadas, México y Brasil, así como Venezuela y Haití, que también contribuyen en forma relevante a la lista de “narcoterroristas”: 14 de los 24 grupos identificados como tales. México aporta con ocho (Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Viagras y Cartel de Juárez) Brasil con dos (Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital) Venezuela con dos (Tren de Aragua y Cartel de los Soles) y Haití con dos (Gran Grif y Viv Ansanm). ¿Cuál será la fortaleza de un acuerdo en que no participan varios de los países que son el origen de más de la mitad de los grupos a perseguir?
Finalmente, y volviendo al sentido estratégico de la iniciativa, investigaciones periodísticas (La Tercera, 27.09) informan que sólo la Cancillería chilena habría pedido modificaciones al texto de la Declaración, por lo que debemos concluir que el detalle de los contenidos fueron elaborados en exclusiva por las autoridades del gobierno de los EE.UU. De esta manera, las sospechas que recaen sobre lo que se postula en el primer pilar terminan siendo bastante evidentes, y corresponden a la disputa geopolítica global entre EE.UU. y la RPCh.
