La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) abrió una licitación pública para adquirir cascos y chalecos antibalas destinados a reforzar capacidades de protección personal de su personal operativo. Aunque el proceso no detalla públicamente las especificaciones técnicas ni el monto comprometido, el contexto estratégico sugiere una creciente preocupación institucional por escenarios de mayor riesgo en el ámbito marítimo chileno.
El anuncio fue publicado el 18 de mayo pasado en una página de publicaciones legales donde se llama al retiro de bases a partir del 25 de mayo en dependencias de DIRECTEMAR en Valparaíso y una apertura de ofertas fijada para el 25 de junio.
Al cierre de esta nota, aún no existe una publicación en Mercado Público, pero al revisar compras asociadas a un sistema de protección balística, la última adquisición se realizó el año 2022, toda vez que una renovación mayor del año 2024 se declaró desierta, y el 8 de abril de 2025 también se declara desierta la licitación que contemplaba la adquisición de 500 cascos PAGST modelo SAH02 2025 y 50 chalecos antibalas nivel IIIA.
La adquisición de equipamiento balístico ocurre en un escenario donde las amenazas marítimas dejaron de estar asociadas únicamente a fiscalización pesquera, navegación o control administrativo de puertos. Hoy el entorno marítimo chileno enfrenta presiones crecientes derivadas del narcotráfico transnacional, contrabando, crimen organizado, tráfico ilícito en terminales portuarios, pesca ilegal, protección de infraestructura crítica costera, seguridad de rutas marítimas y control de zonas estratégicas.
Pero este escenario no es exclusivo de Chile, en América Latina, tanto autoridades marítimas como guardias costeras comenzaron a elevar sus estándares de protección personal debido al incremento de operaciones vinculadas a organizaciones criminales con mayor acceso a armamento, drones, capacidades de vigilancia y logística marítima.
El crimen organizado también ha mostrado una creciente capacidad de infiltración portuaria en distintos países de la región, utilizando contenedores, operadores logísticos y redes internacionales para tráfico de drogas y contrabando, lo que modifica el tipo de riesgo que enfrentan funcionarios desplegados en fiscalización marítima o control territorial.
