El gobierno peruano decidió no firmar la adquisición de nuevos aviones de combate antes del cambio de mando. La definición queda en manos de la próxima administración y reactiva la competencia entre Estados Unidos, Europa y Suecia por uno de los contratos militares más relevantes de Sudamérica.
Perú frenó la firma de su nuevo programa de cazas y dejó la decisión al próximo gobierno. La medida reabre la competencia entre F-16, Gripen y Rafale por un contrato estratégico regional.
El gobierno peruano resolvió no firmar durante la actual administración el contrato para renovar la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), decisión que traslada al próximo Ejecutivo una definición estratégica de alto impacto militar, presupuestario y geopolítico.
La medida frena temporalmente un proceso seguido con atención en la región, donde distintas señales apuntaban a una eventual selección del F-16 Block 70 de Lockheed Martin como favorito técnico y político frente a otras propuestas internacionales.
El programa considera la incorporación de 24 aeronaves de superioridad aérea y multirrol, en una operación valorada en miles de millones de dólares, destinada a reemplazar capacidades envejecidas y sostener la proyección operacional de la FAP para las próximas décadas.
Más que una compra: una definición estratégica de Estado
La pausa no debe leerse como un mero retraso administrativo. En la práctica, Perú dejó pendiente una decisión que involucra:
- alineamiento estratégico internacional;
- doctrina de empleo aéreo futura;
- dependencia logística por 30 años o más;
- acceso a armamento avanzado y upgrades;
- offsets industriales y transferencia tecnológica;
- capacidad de disuasión regional.
Cada alternativa ofrece un paquete político distinto.
F-16 Block 70 representa interoperabilidad con sistemas occidentales ampliamente difundidos.
Gripen E/F ofrece narrativa de flexibilidad, costos contenidos y cooperación industrial.
Rafale F4 apunta a capacidades premium y autonomía estratégica europea.
Qué revela la decisión peruana
La suspensión confirma una tendencia regional: las grandes compras militares en América Latina siguen sujetas a ciclos políticos, legitimidad presidencial y costos reputacionales internos.
Incluso cuando existe evaluación técnica avanzada, la firma final depende de condiciones políticas que muchas veces pesan más que el rendimiento de la plataforma.
Eso explica por qué procesos extensos terminan retrasándose, relicitándose o renegociándose.
Implicancias para Chile
Para Chile, la señal merece seguimiento por cuatro razones:
1. Se retrasa la modernización peruana
Mientras no exista contrato firmado, la renovación supersónica peruana continúa abierta y sin calendario definitivo.
2. Persisten incertidumbres doctrinarias
No es lo mismo una FAP futura basada en F-16, Gripen o Rafale. Cambian entrenamiento, logística, armamento e interoperabilidad.
3. Se intensifica la competencia industrial regional
Los fabricantes seguirán desplegando diplomacia comercial en Sudamérica, incluyendo ofertas complementarias en mantenimiento, radares, misiles y cooperación.
4. La región observa precedentes
El caso peruano vuelve a mostrar que adquisiciones militares mayores requieren continuidad política para concretarse.
Escenario probable
El próximo gobierno peruano heredará tres caminos posibles:
- Confirmar la evaluación existente y firmar rápido.
- Reabrir comparaciones y pedir nuevas ofertas.
- Rediseñar el programa por fases o menor escala inicial.
Cualquiera de esas rutas retrasará la entrada en servicio del reemplazo definitivo.
