La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados inició una de las revisiones parlamentarias más amplias realizadas hasta ahora sobre el empleo de sistemas aéreos no tripulados (UAV/RPAS) en organismos del Estado. Mediante este oficio de carácter público, dirigido al ministro de Seguridad Pública, Carlos Martín Arrau García-Huidobro, la instancia solicitó un conjunto de antecedentes que abarca desde el inventario completo de drones estatales hasta los costos de mantenimiento, la dependencia de proveedores extranjeros y la capacidad real de Chile para sostener estos sistemas con recursos nacionales.
La iniciativa representa un cambio de foco en el debate sobre capacidades no tripuladas. Más allá de analizar plataformas específicas, la Comisión busca determinar si el Estado dispone de una política integrada para administrar una flota que hoy es utilizada por instituciones militares, policiales y organismos públicos con fines de vigilancia, seguridad, control fronterizo y respuesta ante emergencias.
Inventario nacional y costo real de las capacidades
Uno de los principales requerimientos apunta a establecer, por primera vez, un inventario oficial vigente de todos los UAV o RPAS utilizados por organismos estatales.
La Comisión solicita que cada sistema sea identificado con antecedentes detallados, incluyendo: costo de adquisición, costo de ciclo de vida, proveedor, país de origen, cantidad adquirida, fecha de compra, contrato asociado, condiciones de soporte logístico y vida útil estimada.
El requerimiento incorpora además un aspecto poco habitual en este tipo de fiscalizaciones: determinar si los repuestos sólo pueden ser adquiridos al fabricante original o si existe capacidad para producir componentes en Chile sin afectar las garantías, cuestión que podría revelar eventuales situaciones de dependencia tecnológica o posiciones monopólicas en el mercado del sostenimiento.
El oficio dedica un capítulo específico al programa Hermes 900, plataforma israelí fabricada por Elbit Systems y utilizada por el Estado chileno.
Los parlamentarios solicitaron conocer:
- número de sistemas actualmente operativos
- costo total del programa
- nivel de dependencia del soporte técnico proporcionado por Elbit Systems
- antecedentes oficiales sobre el incidente registrado en el río Cautín
- costo de recuperación
- componentes reemplazados
- tiempo que la aeronave permaneció fuera de servicio
- empresas que participaron en la reparación
El requerimiento evidencia interés en evaluar no sólo el desempeño operacional del sistema, sino también la resiliencia logística y financiera de programas de alta complejidad tecnológica.
La Comisión también puso atención sobre el vehículo aéreo no tripulado S-100 incorporado por Carabineros de Chile.
En particular, solicita conocer qué autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) permanecían pendientes al momento de la adquisición, por qué dichas autorizaciones no fueron obtenidas previamente y qué autoridad fue responsable de la integración regulatoria del proyecto.
Riesgos de ciberseguridad y dependencia extranjera
Uno de los aspectos más novedosos del oficio corresponde al análisis de la política institucional de Carabineros y la Policía de Investigaciones respecto del uso de drones comerciales fabricados en el extranjero.
La Comisión solicita antecedentes sobre: ciberseguridad, protección de datos, provisión de repuestos, actualización tecnológica.
El requerimiento refleja una preocupación creciente por los riesgos asociados a cadenas de suministro tecnológicas internacionales, particularmente considerando que numerosos sistemas comerciales utilizados mundialmente concentran tanto hardware como software en proveedores extranjeros.
Más que una simple solicitud administrativa, el oficio revela que el Congreso comienza a trasladar el debate sobre drones desde la adquisición de plataformas hacia la gestión integral de capacidades estratégicas. La Comisión busca determinar cuánto cuesta realmente sostener estas tecnologías durante toda su vida útil, qué nivel de dependencia existe respecto de proveedores extranjeros y si Chile posee capacidades industriales para reducir vulnerabilidades logísticas.
El énfasis en contratos de soporte, reposición de componentes, ciberseguridad, autonomía de mantenimiento y bases de datos de desempeño sugiere una visión más cercana al concepto de capacidad operacional sostenible que al de mera compra de equipamiento.
De confirmarse una alta dependencia de fabricantes extranjeros para tareas críticas de mantenimiento o actualización tecnológica, podría abrirse un nuevo debate sobre el fortalecimiento de capacidades nacionales de integración, reparación y desarrollo de sistemas no tripulados, un ámbito que en diversas potencias ya forma parte de las políticas de seguridad y resiliencia tecnológica.
