El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una contradicción en seguridad: busca fortalecer la autoridad del Estado mientras abre conflictos con instituciones indispensables para ejercerla. La disputa por el reglamento de Seguridad Municipal que debió retirar a sólo días de su anuncio, es el ejemplo más reciente. Pero también tiene dificultades de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo —ACOT— lo que permite plantear que estamos ante un problema de conducción, toda vez que la ambición de las medidas anunciadas está chocando con la capacidad política para hacerlas viables.
El reglamento de seguridad municipal vincula el incumplimiento de obligaciones de verificación de requisitos para determinados cargos de seguridad con responsabilidades administrativas y un eventual cese del alcalde. En este sentido, el Ejecutivo sostiene que remite a la causal existente de notable abandono de deberes. El mismo 15 de septiembre, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió el documento y anunció aclaraciones, descartando entonces retirarlo, pero apenas un día después, el propio gobierno anunció su retiro.
Finalmente, el resultado es que una norma destinada a ordenar la colaboración territorial terminó instalando desconfianza entre quienes deben ejecutarla y finalmente el gobierno termina retirando el reglamento de seguridad municipal.
La debilidad que revela este episodio es la dificultad para convertir una prioridad presidencial en una tarea compartida. La seguridad exige cooperación cotidiana entre autoridades que tienen competencias y responsabilidades diferentes. Deteriorar esa relación durante la elaboración de las reglas introduce un obstáculo que el propio Ejecutivo debería prevenir.
Mientras tanto, la agenda de fondo, que es la ACOT enfrenta una tensión semejante en otra escala. El 10 de agosto, Kast firmó una reforma constitucional que contempla un nuevo estado de excepción frente a graves alteraciones de seguridad provocadas por organizaciones criminales o terroristas. La propuesta integra una agenda más amplia de iniciativas penales, policiales y penitenciarias.
Sin embargo, a fines de agosto el Gobierno dejó esa reforma con urgencia simple y concentró la discusión inmediata en otros diez proyectos. La decisión evidencia una corrección de prioridades legislativas. Políticamente, obliga a preguntar por qué una pieza presentada como central no contó desde su impulso inicial con condiciones suficientes para avanzar al ritmo pretendido.
En este escenario, se hace difícil entender las razones que sustentan la negativa constante del gobierno y los partidos de derecha, por impulsar el levantamiento del secreto bancario, una medida eficaz para detectar de manera temprana el dinero proveniente del crimen organizado y el narcotráfico.
Actualmente, el proyecto de Subsistema de Inteligencia Financiera, fuera de la ACOT, mantiene diferencias en la comisión mixta sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial. Ese debate plantea una exigencia sustantiva: explicar cómo se articularán las nuevas facultades policiales con herramientas eficaces para investigar el financiamiento criminal.
Mientras tanto, los datos apuntan a la responsabilidad de La Moneda en la falta de la elaboración de normas claras, serias dificultades para construir acuerdos y organizar su ejecución.
