Quito confirmó en las últimas horas el despliegue de 75.000 militares y policías en cuatro provincias bajo toque de queda nocturno. La operación eleva el umbral de militarización de la seguridad interna en uno de los principales corredores regionales del narcotráfico.
La decisión ecuatoriana no corresponde a una rutina de orden público, sino a una operación de masa crítica orientada a recuperar control territorial en zonas donde convergen puertos, rutas logísticas y economías criminales. El gobierno informó arrestos por incumplimiento del toque de queda y reconoció el uso de artillería autorizada para destruir objetivos identificados, aunque sin detallar su naturaleza. La medida se apoya en el estado de excepción ampliado por Daniel Noboa, que permite patrullajes conjuntos entre militares y policías, además de ingresos a domicilios sin orden judicial. La señal estratégica es nítida: Ecuador está consolidando una doctrina de guerra interna contra estructuras criminales con un componente militar cada vez menos excepcional.
El caso ecuatoriano muestra que cuando el crimen organizado se consolida sobre nodos logísticos, la respuesta estatal tiende a escalar desde la persecución penal hacia esquemas de control territorial sostenido. Para Chile, la advertencia es preventiva, especialmente en corredores fronterizos y puertos.
