En la tabla legislativa de la Cámara (semana del 26–28 de enero de 2026) se incorpora la solicitud presidencial para prorrogar el estado de excepción en La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío, y también la continuidad de la medida que habilita a FF.AA. y fuerzas de orden a apoyar control migratorio y detección de delitos en zonas fronterizas del norte. Importa porque consolida un esquema de seguridad territorial “dual” (sur/norte) con normalización política del apoyo militar.
La señal estratégica no es solo la prórroga, sino su persistencia como instrumento de gobernanza: el Ejecutivo vuelve a pedir acuerdo del Congreso para extender facultades excepcionales en el sur y la participación de FF.AA. en apoyo al control fronterizo en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En paralelo, el Ministerio de Defensa ha venido empujando coordinación interagencial en fronteras (comités y sesiones específicas sobre seguridad limítrofe), lo que sugiere una tendencia de mediano plazo: integrar control territorial, migración y crimen organizado bajo un mismo paraguas operativo y político-administrativo, con reparto de cargas entre Interior/Seguridad Pública y Defensa.
Para la defensa nacional, el costo-oportunidad se desplaza a disponibilidad de medios, desgaste y reglas de empleo: la continuidad de misiones internas tensiona entrenamiento y alistamiento, y obliga a robustecer mando y control, inteligencia táctica y logística en escenarios no convencionales. En diplomacia, la dimensión fronteriza impacta coordinación con vecinos y la lectura regional sobre “militarización” del control migratorio.
Lo probable es una renovación incremental de estas medidas (por ventanas acotadas), con presión para estandarizar protocolos y métricas de efectividad (delito, incautaciones, flujos, seguridad de infraestructura crítica). El riesgo que puede existir es generar un aumento de dependencia política de instrumentos considerados como excepcionales. Quedaré en manos del nuevo gobierno definir si se sigue con el actual modelo o se plantea un escenario alternativo para migrar gradualmente a un marco legal permanente de apoyo militar acotado y auditable, reduciendo la excepcionalidad pero manteniendo capacidad.
