El Gobierno inició en Chacalluta las obras de una zanja y un sistema de barreras, vigilancia y drones en la frontera con Perú. El hecho marca el arranque material de una política de seguridad fronteriza con participación militar y proyección legislativa.
Lo relevante del hecho no es sólo el simbolismo político, sino su traducción en obra física, empleo de capacidades del Ejército y definición de una arquitectura de control territorial. En Chacalluta comenzaron faenas con maquinaria y personal del Cuerpo Militar del Trabajo, mientras La Moneda encuadró la intervención dentro del Plan Escudo Fronterizo, que incorpora zanjas, vallas, torres de vigilancia, radares térmicos y drones. El Ejecutivo además vinculó la medida con una agenda legal para endurecer el tratamiento del ingreso clandestino y restringir incentivos a la permanencia irregular. En términos estratégicos, el punto central es que la frontera norte deja de ser abordada sólo como problema policial y pasa a organizarse como un espacio de contención física, vigilancia persistente y respuesta interagencial.
La inspiración más cercana o explícita de esta medida es el modelo de Israel/Hungría cuyo enfoque se basa en la suma de bloqueo físico, más militarización y uso de tecnología de vigilancia. El precedente que marca Chile empuja una discusión de fondo: hasta dónde y bajo qué reglas las capacidades militares pueden ser absorbidas por una política permanente de seguridad fronteriza sin desdibujar la separación entre defensa externa y seguridad interior.
